Antonio Huerta Briz, nacido en Salamanca hace casi 60 años, aficionado a la vela y que, como arquitecto, cultiva un estilo de líneas sólidas y muros gruesos, que confieren a sus construcciones un aire de búnkers fortificados, ya tuvo que «salir por piernas» de dicha ciudad castellana, según coinciden en señalar varios colegas suyos, aunque el paso de los años parece haber borrado los detalles de aquel misterioso episodio.
El primer proyecto visado por Huerta que consta en Colegio de Arquitectos de Eivissa es de 1985. A partir de entonces centraría gran parte de su actividad en Sant Josep. No en vano, era el municipio de la isla, junto con el de Santa Eulària, que más prometía urbanísticamente. Sus Normas Subsidiarias estaban trufadas de suelos urbanizables -en concreto, 92-, gracias al frenesí reclasificador del equipo técnico de Alfonso Fernández Castro y a la complicidad política del alcalde, José Serra Escandell.
El cielo se le abrió a Antonio Huerta cuando, en 1996, pasó a ser el arquitecto municipal de Sant Josep. El creciente número de licencias, proyectos urbanísticos y expedientes que iba tramitando el Ayuntamiento, con solo un aparejador en su oficina técnica, llevó al equipo de gobierno a reforzarla con un arquitecto. Para ello se firmó un convenio con el Colegio de Arquitectos de Eivissa, presidido entonces por Salvador Roig, que dio lugar a la contratación de Antonio Huerta Briz. Muchos simpatizantes de la izquierda no dejan de sorprenderse todavía por lo chocante que resulta que Huerta iniciara su controvertida carrera precisamente de la mano de uno de los presidentes más progresistas que ha tenido esta entidad colegial.
Sea como sea, la cuestión es que un año después, en diciembre de 1998, el Ayuntamiento decide asumir en solitario esta plaza para cubrirla provisionalmente y convoca unas oposiciones a las que sólo se presenta Huerta, lo que llevó a la izquierda a denunciar que era una oposición «preparada» para él. Y, pese a todo, Huerta suspendió. Así que un año después el Ayuntamiento, para seguir manteniéndolo en el puesto, acude a un concurso de méritos en vez de a otra oposición. De este modo, Huerta será arquitecto municipal interino hasta el último día.
En el año 1999, Antonio Huerta ya se había convertido en el brazo ejecutor de la anárquica política urbanística de José Serra Escandell y, con sus dictámenes técnicos, se encargaba de amparar cualquier tipo de proyecto, por controvertido que fuera. Así, el Ayuntamiento `inventó´ un suelo urbano en la zona más protegida de toda la isla: Los Parques de es Cubells. También fue él quien dictaminó a favor de un edificio ilegal, con un piso de más, en Cala Carbó, o el que intervino a favor de una urbanización en Cala Molí que invadía un Área Natural de Especial Interés (ANEI), inedificable. «Este señor no es trigo limpio», afirmó la oposición en un pleno del 25 de noviembre de 1999. Las denuncias de los ecologistas del GEN se sucedían una tras otra, pero la respuesta del alcalde y del concejal de Urbanismo eran siempre la misma: «Los informes técnicos son favorables». Al igual que el legislador Henry Chirinos en la novela `La fiesta del Chivo´, de Mario Vargas Llosa, Huerta invertía todos sus conocimientos técnicos en dar una imposible cobertura legal a desaguisados manifiestos con informes que simplemente pasaban por alto aquellas normas que impedían los proyectos en cuestión.
Las sospechas de que ello se pudiera deber, tal vez, a que él mismo estaba relacionado con estos proyectos empezaron a crecer a finales de ese mismo 1999, cuando se conoció su pertenencia a varias empresas del sector inmobiliario que promovían construcciones en Sant Josep. Huerta promovió, por ejemplo, dos chalets ilegales en Cap Llentrisca que fueron paralizados por el Consell Insular. El Ayuntamiento, en vez de actuar contra el ex arquitecto y contra estas viviendas, decidió acudir a los tribunales para defenderlas, sufragando el litigio con dinero público.
Todo iba a su favor. Hasta se permitió intentar ganar la presidencia del Colegio de Arquitectos y anunció su candidatura en mayo de 2000. La reacción entre los colegiados fue inmediata y contundente, plantándole cara de forma casi unánime. Al final, el presidente fue Xavier Planas.
En 2001, el mismo año en que el GEN le concedía el Premi Formigó y él lo acogió con un lacónico «qué cabrones» cuando se lo comunicaron, salió a relucir un nombre que precipitaría el fin de Huerta: el de su nuera, Pilar Fernández, también arquitecta. Sucedió a raíz del derrumbre de varias casas en Cala Vedella durante las obras de construcción de unos chalets, en diciembre de ese año. Fernández era la arquitecta que firmaba el proyecto de las nuevas obras. Ya entonces Huerta negó las evidencias que le vinculaban profesionalmente con ella, ya que entonces compartían despacho privado.
Sin embargo, el ex arquitecto de Sant Josep continuaba gozando de una vida apacible y despreocupada. En la edición de La Ruta de la Sal entre Dénia y Eivissa de 2004, obtuvo el mejor tiempo en la serie Sun Odyssey 52,2 actuando como patrón de su barco, el Myrach Ibiza, con base en Ibiza Nueva. Al día siguiente presumía orgulloso de su trofeo ante sus compañeros del Ayuntamiento.
Pero si la suerte le sonreía ahora en su puesto de timonel, muy pronto los vientos empezarían a soplar adversos en un piélago urbanístico que ya amenazaba tormenta y en el que, a la postre, terminaría naufragando.
En noviembre de 2005 se hacía público que Huerta había emitido informes favorables al proyecto del edificio de Cala Carbó, a pesar de que lo tramitaba su nuera y a pesar de que era ilegal. Fue la punta del iceberg. Ya había sido imputado por el caso de Los Parques de es Cubells, pero ahora lo sería también por el de Cala Carbó y, luego, por el de la urbanización de Cala Molí, también tramitado por Pilar Fernández. Estos dos últimos casos se unificaron en uno solo, instruido por el juez Pablo Mendoza, que fue creciendo hasta desencadenar, tres años después, en su detención. Pero, de momento, el alcalde eludió cesarlo o sancionarlo, en una demostración de la infinita protección que le otorgaba.
Las diligencias instruidas por Mendoza fueron el resultado de las denuncias del GEN ante la Fiscalía de Eivissa. Luego se sumaron los datos aportados por el Colegio de Arquitectos -su propio gremio-, que hincharon considerablemente las evidencias contra Huerta, sobre todo gracias a la contratación de unos detectives de Barcelona que durante meses se hicieron pasar por promotores ante Huerta y que grabaron cómo éste violaba sus incompatibilidades profesionales. El vídeo, básicamente, permitió demostrar que muchos de los proyectos supuestamente promovidos por otras empresas eran, en realidad, del propio Huerta. «Estas también las he hecho yo», decía en el vídeo mientras paseaba entre hormigoneras. A la semana siguiente de que Diario de Ibiza publicara el vídeo, en diciembre de 2006, el arquitecto cesó en el cargo. Más de un funcionario municipal respiró, en silencio, aliviado, pues nunca tuvo grandes amigos en el Consistorio.
Más que por idealismo o ética, los arquitectos reaccionaron contra Huerta porque, sencillamente, «estaba acaparando todo el negocio, nos dejaba sin trabajo», admite este colectivo. Y es así: el volumen de proyectos que acaparaba el clan Huerta asciende a 160, según figura en las diligencias del juzgado. Sólo Pilar Fernández firmó unos 50, aunque muchos, según los testigos, eran obra de Antonio Huerta Briz. Las pruebas se suceden en cascada gracias a la eficaz labor del fiscal Antoni Torres y el juez Pablo Mendoza. Al final, las diligencias culminan, por primera vez en la historia de Eivissa, en un auto con cuatro órdenes de detención. Huerta duerme desde ayer en la cárcel de Eivissa.
- Joan Lluís Ferrer