jueves, 18 de febrero de 2010

El único final de un criminal inmobiliario: el alcalde de Castro Urdiales ingresa en prisión

Fernando Muguruza, alcalde del municipio cantabro de Castro Urdiales, ha sido detenido y trasladado a prisión porque el juez instructor ve indicios de que puede destruir pruebas sobre un presunto delito urbanístico y cree que existe riesgo de "reiteración delictiva".

Muguruza, expulsado del Partido Regionalista de Cantabria y declarado tránsfuga, tiene retiradas como medida cautelar desde octubre las competencias de urbanismo del Ayuntamiento a petición de los vecinos de La Loma. El expediente urbanístico de La Loma comprende cuatro áreas de desarrollo.

En dos de ellas se han concedido licencias para cien chalés y 46 viviendas. Otras dos áreas estaban en proceso de desarrollo, pero el juez lo paralizó, con lo que no se pueden conceder licencias.

Su ingreso en prisión deja a Castro Urdiales, tercer municipio en población de Cantabria, con un gobierno en minoría compuesto por nueve concejales. Seis de ellos están imputados en distintos delitos. La oposición parece incapaz de ponerse de acuerdo para presentar una moción de censura.
- Leído en el diario El País

miércoles, 17 de febrero de 2010

¡Caen más estafadores y especuladores inmobiliarios! Intervenida Immochan, la inmobiliaria de Alcampo

Un juez intervino ayer Immochán, la inmobiliaria de la multinacional francesa Alcampo, para forzarle a pagar 20,2 millones de euros (más otros seis millones por intereses y costas) a Llanera. Inmochán debe pagar esa cantidad por un hipermercado que encargó a Llanera y que ésta es incapaz de levantar, al menos a corto plazo. Y no lo puede construir, entre otras cosas, porque la operación en la que se integraba, el polémico PAI (Plan de Acción Integrada) de Nou Mil·leni (que preveía hacer 13.000 viviendas en Catarroja), se halla suspendido por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La constitución de la administración judicial sobre Inmochán fue ordenada por el juez de lo Mercantil número 2 de Valencia en cumplimiento de una sentencia previa (del 1 de julio de 2009) que estableció la obligación de la empresa de raíz francesa de seguir pagando por el hipermercado a pesar de las dudas que pudieran existir sobre la capacidad de Llanera para edificarlo.

Llanera, con sede en Xàtiva, fue la primera gran inmobiliaria española en suspender pagos. Lo hizo en octubre de 2007, cuando el pinchazo de la gigantesca burbuja del sector sólo empezaba a intuirse. Después de aquello, Inmochán intentó romper el contrato que la unía a Llanera desde finales de 2006 y llegó a denunciarla por estafa.
Batalla judicial

La filial de Alcampo (Auchan, en francés) acusó a Llanera de no disponer del suelo sobre el que se había comprometido a levantar el hipermercado, y de saber de antemano que sus problemas financieros hacían muy difícil que pudiera cumplir con su parte del acuerdo.

Al margen de aquella denuncia, que aún no se ha resuelto, Inmochán intentó dejar de pagar a Llanera alegando la existencia de una cláusula de salvaguarda en el contrato entre ambas. En ella se señalaba que, en el caso de que a finales de 2008 no se hubiera reparcelado el suelo del macroproyecto de Nou Mil·leni (y eso no había ocurrido) Inmochán podría exigir a otra inmobiliaria de la familia Gallego (dueños de Llanera) que le comprase su participación en el proyecto. La justicia lo rechazó. Y rechazó también la querella por prevaricación que Inmochán presentó contra el juez que instruyó la suspensión de pagos (concurso de acreedores) de Llanera. La empresa valenciana salió de la suspensión a finales de 2009.

- Leído en el diario El País.

lunes, 1 de febrero de 2010

Si los propietarios no bajan precios entre un 30% y un 40% no venderán su casa

Eduardo Molet hace balance tras la celebración del I Salón Inmobiliario de Segunda Mano, que se celebró los días 22 y 23 de enero en el Palacio de Congresos de Madrid

El Salón Inmobiliario de Segunda Mano, que se celebró los pasados días 22 y 23 de enero en Madrid, cerró su primera edición con un balance positivo. A falta de conocer en próximas fechas el número de operaciones de compraventa que se puedan cerrar en el marco del salón inmobiliario, la organización cifra en más de 4.000 los visitantes que acudieron al salón inmobiliario.

El impulsor de esta feria de particulares, Eduardo Molet, afirma que el número de visitantes ha superado las expectativas de asistencia. “En el Salón finalmente se exhibieron cerca de 1.700 viviendas de particulares, y esperábamos una afluencia de público de unos 1.000 visitantes. Los 4.000 que acudieron indica que no es la demanda de vivienda la que está en crisis, sino la oferta”.

Afirma Eduardo Molet que una de las principales conclusiones que se pueden extraer de este salón inmobiliario es que si los propietarios no bajan sus pretensiones de venta entre un 30% y un 40%, difícilmente podrán vender su casa. “Aunque son muchos los que se resisten a rebajar sus pretensiones, sí que es cierto que son cada vez más los que lo hacen. Y los que más se ajusten al mercado, más rápido y en mejores condiciones venderán su propiedad”.

Es gracias a este cambio de tendencia que en los últimos ocho meses la situación del sector inmobiliario, aún inmerso en una profunda crisis, está mejorando. Según Eduardo Molet, “nos han traslado de la UCI a planta. Después de ver lo ocurrido en el salón inmobiliario que hemos organizado y las largas colas de visitantes e interesados en comprar vivienda, lo que debemos hacer desde nuestro sector es reconducir la oferta”.

Cambia el perfil de comprador

Otra importante conclusión que extrae la organización de este I Salón Inmobiliario de Segunda Mano, es que se confirma que la demanda ha cambiado en los últimos años.

Antes los compradores eran jóvenes parejas que querían acceder a la primera vivienda y jóvenes profesionales con un buenos salarios que podían comprar pisos de una o dos habitaciones. Precisamente aquellos a los que ahora los bancos no dan créditos. En la actualidad, la demanda es de pisos de 3 y 4 habitaciones, adquiridos por personas de entre 40 y 50 años, solventes y con liquidez, que no necesitan mucha financiación, y a los que las entidades financieras sí conceden créditos.

- Leído en Libertad Digital