lunes, 25 de febrero de 2008

Cajasol y sus tres fantasmas inmobiliarios

Cajasol no entiende que en el mundo mercantil se gana y se pierde”, afirman a El Confidencial fuentes cercanas a los demandados por la entidad a raíz de las anomalías detectadas por el Banco de España, relativas a ventas de empresas participadas, mayoritariamente inmobiliarias, por debajo de su valor y que la propia caja explicó en un comunicado de urgencia la semana pasada. Concretamente, se refieren a la venta de ‘metrovacesas’ con descuento a los Sanahuja cuatro meses antes de que lanzaran una OPA sobre la inmobiliaria de Joaquín Rivero.

Cabe señalar que el Banco de España analizó un total de 99 operaciones de inversión y desinversión en el Grupo Empresarial de El Monte. Una vez finalizado el proceso de investigación, realizado por Price Waterhouse Coopers y Garrigues, se concluye que tan sólo en 3 de las 8 compañías analizadas exhaustivamente, existe un conocimiento exacto y probado de las que se puedan derivar el ejercicio de acciones de responsabilidad, en distintos niveles. Se trata de las sociedades HC, Caymasa y Soto de Paniagua.

Las operaciones irregulares tienen su origen en una agresiva línea de negocio que adopta El Monte –germen de lo que hoy es Cajasol- desde los tiempos de la Expo de Sevilla en 1992: su red de empresas participadas. La entidad ahorra pasaba así de simple caja local a cabecera de cartera industrial. De este modo, no sólo financia compañías sino que también participa en su capital social y se convierte en socia con beneficios. ¿Y cuál era el sector estrella? El ladrillo.

Efectivamente, en la gestión de las participadas de esta caja andaluza se encuentra la raíz de muchos de los hitos inmobiliarios que han marcado la historia económica reciente española, como el ascenso al olimpo del sector de Luis Portillo o la OPA hostil de los Sanahuja sobre Metrovacesa en marzo de 2006.

A 40 euros cuando cotizaba a 57

En noviembre de 2005, tan sólo cuatro meses antes de que los Sanahuja presentaran la oferta por el 20% de la Metrovacesa que rescataron de las garras italianas, esta familia de inmobiliarios catalana le compró a El Monte el 30% de HC, que a su vez ostentaba el 5,03% de la cotizada Metrovacesa. Según las fuentes consultadas, “la venta se hizo valorando la acción de Metrovacesa en torno a los 40 euros, cuando en ese momento cotizaba a 57”.

“Aquí lo único que ha pasado es que la caja le vende a la familia Sanahuja la participación en una sociedad dueña del 5,03% de Metrovacesa y con el paso del tiempo discute sobre las valoraciones. Porque, claro, al cabo de cuatro meses se lanza una OPA, la acción se dispara y ese paquete vale mucho más. El problema de El Monte, además de la fuerte presencia de CCOO, es que no entiende que en el mundo mercantil se gana y se pierde. ¿O es que acaso cuando se vendió no era pública la cotización de Metrovacesa?”, se preguntan.

Por esta operación, Cajasol ha presentado una demanda civil frente a la sociedad Old New Investment (de la familia Sanahuja), así como al ex responsable del Grupo Empresarial El Monte, José Selfa y al ex presidente de la caja, José María Bueno Lidón, quien fue recompensado con un puesto en el consejo de la inmobiliaria. Por la citada demanda, Grupo Empresarial solicita el resarcimiento de un daño patrimonial de 17,9 millones de euros.

Otra vez con suelo de por medio

El caso de Caymasa es distinto. “A principios de los 90, las cajas se encontraron con que tenían que soportar el IVA y a alguien se le ocurre la feliz idea de repartirse los beneficios no vía dividendos, sino a través de una empresa de servicios informáticos, Caymasa, que facturaba sólo el 30%, en poder del ex director general José Leal, con lo que se ahorraban el 70% restante de IVA”, explican las fuentes cercanas a la entidad consultadas.

“Una vez el Banco de España inspecciona la caja y detecta las irregularidades, dos directivos van a ver a Leal y obligan a vender su 30% de Caymasa, más su indemnización, más el 25% de otra promotora llamada Edificarte, todo ello por 12 millones de euros, so pena de echarles a los leones de los tribunales a él y a su mujer. Sólo el 25% de edificarte valía 50 millones y el 30% de Caymasa, en torno a 15 millones, según valoración del propio departamento de participadas de El Monte. Es decir, Le querían pagar a Leal 12 millones de euros por activos que en el peor de los casos valían 65 millones”, añaden.

En su explicación, Cajasol detalla que presentó una demanda civil frente a una sociedad patrimonial familiar de Leal (Lealmen), a la que reclaman 3,07 millones de euros por facturas emitidas por Lealmen y abonadas por Caymasa, sin que obedecieran al tráfico mercantil. Además, le ha presentado una demanda por acción de responsabilidad social por importe de 272.000 euros por transacciones inmobiliarias que realizó en su provecho, interponiendo una sociedad familiar.

La tercera operación señalada se refiere a la sociedad Soto de Paniagua. Cajasol ha presentado una demanda laboral contra José Selfa, entonces responsable de Empresas Participadas, para solicitar el resarcimiento de daño patrimonial sufrido por la misma, como consecuencia de la venta del 40% de su participación en Soto de Paniagua, donde se puso de manifiesto un lucro cesante de 1,9 millones de euros. Las fuentes consultadas discrepan: “El Consejo autorizó a Selfa a vender Soto de Paniagua por 1,3 millones de euros y él la consiguió colocar por 1.575.000 euros. ¡Y todavía dicen que la operación fue barata! Paniagua tenía tres suelos valiosos, pero otro no valía nada e incluso iba a dar pérdidas”.

“En la actualidad queda reflejado, notablemente, que Cajasol, antes El Monte, ha cumplido con creces los requerimientos exigidos por el Banco de España. Con este proceso, la Entidad pretende resarcirse de los daños patrimoniales sufridos y pretende reforzar nuestra imagen y reputación en el sector financiero, aportando seguridad y transparencia en un proceso complejo como es la depuración de responsabilidades por operaciones realizadas en el pasado”, finalizaba el comunicado de Cajasol. Una vez conocida su versión, las reacciones no se han hecho esperar. El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, pidió la semana pasada la cabeza de la actual directiva de la entidad, presidida por Antonio Pulido, como corresponsable de los hechos.

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